Ante la quita de cargos en la boleta de luz, estudian el traslado de esos conceptos a las tasas municipales

Sin avanzar en definiciones, y respaldado en el pedido de prórroga, el Ejecutivo mantiene cierto desconcierto frente a la resolución que la semana pasada difundió el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) y que establece que las distribuidoras no podrán incorporar en sus facturas “conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, ni conceptos adicionales vinculados al servicio”.

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En ese marco evalúa los alcances de las disposiciones en el orden local ya que la medida tiene especial relación con los cargos impositivos que el Municipio incorporó en la tarifa de luz.

Desde el punto de vista económico alertó sobre las repercusiones en la estructura que tendría la eliminación de esas ordenanzas, especialmente la que alude a cargos en materia de servicios de salud.

Con el reclamo de gradualismo, la administración de Miguel Lunghi solicitó una prórroga para establecer un proceso de transición y evitar que este esquema desfinancie el sistema.

En concreto, son tres las alternativas en evaluación. Reducir los servicios que brinda la comuna, trasladar esos conceptos a tasas comunales o “achicar” gastos inherentes a la Provincia, como el dinero que se destina al pago de combustible de la Policía Bonaerense o de alquileres de dependencias provinciales.

Lo cierto es que la boleta de la Usina se distribuye con conceptos vinculados a tres ordenanzas que suman tributos a los consumos del servicio: La 2.505 que apunta a inversiones en materia de iluminación, costos para el funcionamiento del relleno sanitario y alguna otra obra específica; la 5.791 que otorga a la Usina la concesión para la prestación del servicio de alumbrado público y los recursos para su funcionamiento; y la 9.495, el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS), que contempla la creación de un fondo especial con “destino exclusivo” a solventar económicamente la atención de patologías que “impliquen prácticas de alta complejidad y que no puedan ser derivadas a un efector público dentro del país”.

En principio, y tal cual se reflejó en estas páginas, la medida del organismo provincial avanzaría sobre este último concepto y su eliminación implicaría una reducción significativa en los fondos que se recaudan.

El impacto de
la resolución

En diálogo con El Eco Multimedios, el secretario de Economía, Daniel Binando, admitió preocupación frente a lo dispuesto por el organismo provincial y alertó que la eliminación de cargos que no tengan relación con la prestación del servicio de energía eléctrica significaría una reducción de una “cuantiosa” suma de dinero que dejaría de ingresar a las arcas comunales.

Los primeros cálculos indican que, en conceptos de tasas, el Municipio dejaría de recibir 40 millones de pesos menos al año, que se sumarían a los cerca de 36 millones de pesos que se reducirían si se aprueba la ley que el gobierno de María Eugenia Vidal giró a la Legislatura y que elimina impuestos provinciales. “Aún no hay respuestas de la Provincia si esos fondos que antes nos coparticipaba van a venir de otro lado”, reclamó.

Al abordar los cargos incluidos en la boleta de luz de la Usina indicó que se encuentra la ordenanza 2.505 con la que se financia parte del tratamiento final de los residuos que genera la ciudad y el desarrollo de obras de iluminación. “Si se abre una calle hay que colocar tres columnas de luz, con luminarias led”, justificó.

Luego hizo referencia a la ordenanza que recauda fondos para pagar a la Usina “parte del alumbrado público” y también “lo que gastamos en electricidad” para el funcionamiento de las bombas que se utilizan para la distribución del agua potable. Este último ítem representa un costo “muy elevado” que no logra ser cubierto a través de los recursos de la tasa sanitaria.

La tercera carga impositiva incorporada por ordenanza a la boleta que distribuye la Usina refiere a conceptos en materia de salud y tiene por destino el financiamiento de prácticas de complejidad para personas que no pueden abonar esas prestaciones.

“Los recursos que tenemos son para prestar servicios y la problemática es que casi 90 millones de pesos pueden llegar a perderse en un año que se volcaban netamente a servicios”, alertó.

Alternativas

En tanto, el secretario de Economía aseguró que estudian las alternativas para evitar el desfinanciamiento ante la eliminación de estos conceptos y que una de las opciones podría ser incluir ese impuesto en la tasa retributiva de servicios.

“O se achican servicios o se traslada algo a otras tasas”, planteó y adelantó que, en función de algunos cálculos, implicaría un aumento de entre el 25 y el 40 por ciento de los impuestos municipales.

Entonces bajaría la carga impositiva en las facturas de luz pero sería aún más marcado el incremento de las tasas. “Creo que el efecto de bronca y malhumor sería mayor”, estimó Binando.

Frente a este esquema consideró que resulta necesario “hacer ajustes” pero reclamó gradualidad y objetó que estas disposiciones no llegaron a los municipios de esta manera.

Buen nivel de
cobrabilidad

El secretario de Economía garantizó que no se redujo el nivel de cobrabilidad de las tasas y que se mantiene dentro de lo previsto, aunque alertó que, por los efectos inflacionarios, los impuestos pueden quedar desfasados.

“Tenemos un muy buen ritmo de cobrabilidad; estamos entre 75 y el 80 por ciento y además hemos recuperado a varios deudores”, describió y agregó que en el último tiempo cerca de cien comercios se inscribieron a la Tasa Unificada de la Actividad Económica (TUAE).