Tras la tipificación del acoso callejero como violencia, buscan articular herramientas preventivas
Luego de la sanción de un proyecto de ley nacional que reconoce el acoso callejero como una forma de violencia, la legisladora Melisa Greco afirmó que desde el Concejo y el Ejecutivo buscan darle un nuevo impulso a las normativas provinciales y municipales orientadas a multar este tipo de conductas y concientizar al respecto. De acuerdo a un informe local, el ejercicio de las diversas formas de maltrato presenta cifras alarmantes en la ciudad.
El Gobierno promulgó la Ley 27.501 que incorpora el acoso callejero como modalidad de violencia hacia la mujer, según se publicó en el Boletín Oficial.
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El Senado nacional convirtió en ley en el mes de abril un proyecto que determina que el acoso callejero es una forma de violencia contra la mujer. Los legisladores presentes aprobaron de manera unánime la modificación de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para así incluir la tipificación de esta conducta, que se suma a las ya contempladas: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.
En concreto, la normativa recientemente aprobada establece penas contra las ofensas a las mujeres que tengan lugar “en espacios públicos o de acceso público, transportes y centros comerciales” y la define como “aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo”.
En la ciudad, desde hace tiempo el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante trabajan para impulsar y fortalecer distintos programas destinados a erradicar toda forma de violencia contra las mujeres que, lamentablemente, presenta cifras cada vez más alarmantes conforme pasa el tiempo. En este sentido, en marzo, por ejemplo, se sancionó por unanimidad la adhesión a la Ley Micaela, que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en género.
En consonancia con esta perspectiva, a fines del año pasado, la concejal de la UCR Cambiemos, Melisa Greco, elevó al cuerpo legislativo local un proyecto de resolución para dar impulso y adherir a un proyecto de ley provincial de erradicación y prevención del acoso callejero que busca multar al acosador, con el objeto de brindar un instrumento para que cuando una mujer, niña o adolescente se sienta incómoda ante cualquier acto que tenga implícito una connotación sexual, pueda denunciarlo para que el acosador responda por esa contravención.
Educar y sancionar
Greco puntualizó que el proyecto de Provincia, que tiene media sanción en Diputados, todavía no ha se ha debatido en el recinto de la Cámara de Senadores bonaerense, pero se estipula un pronto tratamiento a partir del marco establecido por la legislación nacional.
“Ambos proyectos son complementarios, mientras que la ley nacional habla de una tipificación de la violencia, la provincial busca modificar el Código de Faltas. Tienen puntos en común a pesar de estos matices, porque apuntan a concientizar y a educar en base al respeto y las campañas de visibilización”, explicó.
Las acciones concretas impulsadas por la legislación nacional propone la incorporación de una línea telefónica gratuita de asesoramiento para esos casos, destinada a la contención y a la elaboración de estadísticas en el marco del Consejo Nacional de las Mujeres. También busca articular, en el seno del Consejo Federal de Educación, la inclusión de contenidos mínimos curriculares sobre la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia y la libertad. Por último, el proyecto insta a las fuerzas de seguridad a actuar en protección de las mujeres en espacios públicos cuando se vieran afectadas por este tipo de delitos.
A nivel provincial, la normativa sugiere el agregado de esta contravención -acoso callejero- al Código de Faltas provincial para garantizar su regulación y sanción. La iniciativa no constituye una norma solitaria dentro del ordenamiento jurídico, sino que está incluida dentro de un cuerpo normativo que tiene un procedimiento estipulado para cada falta y se aplicará el que fija el código para sancionar a quienes ejerzan acoso, físico o verbal, en ámbitos públicos y privados de acceso público. Las multas previstas ascienden a los 7 mil pesos, pero si el acoso lo comete un funcionario público o se produce de manera reiterada prevé puniciones más elevadas.
Perspectiva de género
Las preocupantes cifras de la violencia de género a nivel país, que lejos están de reducirse, obligan a pensar todo tipo de políticas que sirvan para educar y frenar los embates contra las mujeres que se siguen produciendo en diferentes escenarios de la vida pública y privada.
Greco afirmó que se encuentran dialogando con la directora de Políticas de Género y Diversidad del Municipio, Andrea Rossetti, para pensar y planificar el tipo de políticas públicas que llevarán a cabo para implementar en el distrito, ajustándose a lo previsto en el marco normativo nacional y provincial. Además, formó parte de la reunión que la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante mantuvo esta semana con integrantes de la Mesa Intersectorial contra la Violencia Intrafamiliar y de Género de Tandil, que presentó su informe anual de 2018.
Al respecto, señaló que “hablamos de reforzar la utilización de la línea gratuita, reforzar las campañas de exhibición de la problemática y concientización, articular con la Comisaría de la Mujer, tendríamos que ir siguiendo los pasos de articulación que ya tenemos con estas política públicas. En este momento con Andrea estamos en continuo diálogo y pensando cómo hacer en Tandil con estos temas, tenemos aún un trecho del camino por andar”.
“El acoso sexual callejero es un concepto medianamente nuevo que ha tenido sus avances legislativos, pero todavía nos quedan algunas cuestiones y más allá de la tipificación como violencia, existe la necesidad de plantear un proyecto complementario que implique el agregado al Código Penal”, sostuvo.
“También se aprobó la norma que describe como violencia pública y política contra las mujeres a aquella que mediante métodos de presión, persecución, acoso o amenaza impide o limita el desarrollo propio de la vida política, desalentando el ejercicio político, esto es un proyecto aparte que se aprobó y está dentro del compendio de lo que significa la mujer y el espacio público”, apuntó la joven legisladora oficialista.
Herramientas efectivas
La abogada Micaela Herrera, referente de la Mesa Intersectorial de Violencia, habló sobre el nuevo marco normativo y aclaró que “no es un delito penal autónomo sino que se agrega a la ley ya existente que queda modificada, no es que va a tener pena de prisión o de multa, pero en una causa, a partir de un hecho penal, los jueces van a ponderar esta situación”.
La letrada expuso que la Defensoría del Pueblo de la Provincia hizo un relevamiento y de cada 10 mujeres, 8 reconocen haber sido acosadas. Según la organización Ni Una Menos el ciento por ciento de las mujeres entrevistadas fue víctima de acoso callejero en algún momento de su vida, y agregó: “Es una realidad y tiene que ver con el contexto actual donde se pone de relieve y se debate esta construcción de sentido”.
Desde su lugar, Herrera opinó que “vamos a encontrar más herramientas dentro de la Ley Micaela, que es de formación y capacitación, para empezar a trabajar sobre las condiciones sexistas que generan violencia y desigualdad y de esa manera prevenir, más que pensar que a partir de que se sanciona el acoso callejero va a haber una pena, y eso va a servir para algo. Lo positivo es que se visibiliza e incorpora la figura del acoso”.
