Los vecinos de La Porteña tenían razón: el expediente confirmó las fumigaciones a cero metros de la escuela
Las inspecciones hechas en el establecimiento educativo 33 constataron la aplicación de agroquímicos hasta el límite entre el potrero y la escuela. En un primer momento, el resultado había sido negativo y los denunciantes insistieron, pero no recibieron más respuestas. Finalmente, se enteraron de la resolución al pedir el expediente bajo la ordenanza de acceso a la información pública.
Todo comenzó el pasado 4 de octubre, cuando un grupo de habitantes del paraje La Porteña presentó una nota al Municipio denunciando el incumplimiento de la ordenanza 12316, asunto 219/11, artículo 7, donde se establece la prohibición de la aplicación de agroquímicos a menos de 150 metros de establecimientos educativos. Los vecinos percibieron que en la Escuela 33 “Guillermo Enrique Hudson”, a la que asisten sus hijos, las fumigaciones se estaban dando, incluso, sobre el alambrado lindante a la institución, sin respetar la norma.
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Desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, la Dirección de Medioambiente, a cargo de Héctor Creparula, accedió al pedido de inspección, convocando también a la titular de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria, Analía Alonso, y al responsable de Asuntos Agrarios del Municipio, Igancio Diribarne. Según informaron los denunciantes, la primera recorrida que oficiaron los funcionarios arrojó una respuesta negativa a su reclamo, considerando que las condiciones del terreno y los cultivos no se corresponderían con espacios fumigados. Incluso, sostuvieron que se habrían dejado más de 200 metros libres de agroquímicos, o sea que mucho más de lo establecido por la ley.
Pero los padres, preocupados por la salud de sus hijos, de la comunidad educativa y de la zona en general, no se dieron por vencidos en su convicción y volvieron a insistir, presentando una nueva nota a la dependencia municipal.
Las pruebas lo confirman
El tiempo pasó y lejos de obtener respuestas, decidieron a fines de diciembre, hacer uso del derecho al acceso a la información pública, poniendo en sus manos la totalidad del expediente. A raíz de ello, pudieron constatar que a principios de ese mes se labró un acta con tres puntos elementales, donde básicamente los funcionarios les dan la razón a los vecinos.
“Siempre sembraron hasta el borde del alambrado y al fin admiten que fue así, a cero metros”, dijo conforme Silvia Gómez, en representación del grupo, quién además acercó la documentación a este Diario.
En el documento constituido por Silvia Pedernera de la Inspección General y Habilitaciones, conjuntamente con el director de Medioambiente de la Municipalidad de Tandil, Héctor Creparula, y el titular de Asuntos Agropecuarios de la Municipalidad de Tandil, Carlos Ignacio Diribarne, sostienen que ante el reclamo efectuado por vecinos del paraje La Porteña, quienes denuncian la aplicación de agroquímicos en violación a la normativa vigente, tanto la municipal como la normativa provincial, “se comprueba a prima facie, que la aplicación efectuada con fecha 27 de octubre de 2019 (posterior a la primera denuncia de los lugareños) obrante en acta número 27616 de esta dirección, se ha realizado acorde a la normativa vigente”.
Sin embargo, dejan constancia que “el arrendatario y/o el titular dominial ha aplicado agroquímicos con anterioridad a la fecha del 27 de octubre de 2019, sin receta agronómica”. Asimismo, cercioran que “no se ha respetado la distancia en la aplicación de los agroquímicos respecto a la Escuela Primaria 33 del paraje La Porteña del partido de Tandil. Constatando la aplicación de agroquímicos hasta el límite entre potrero y escuela (0 metros, se referencia en imagen): hechos que configuran infracción a los artículos 6 y 7 de la Ordenanza Municipal 12316 y para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 12 del citado texto normativo y a la Ley Provincial 10699, artículo 8”.
Que la salud esté primero
“De aquí en adelante esperamos, al menos, que se respete la ley vigente, pero pedimos que se trate una nueva reglamentación, porque sabemos que la ordenanza de 150 metros es muy pobre”, dijo avalando la presentación del anteproyecto presentado por Graciela Canziani ante Banca XXI.
En caso de que no den lugar a dicho bosquejo, aseguró que acudirán a las autoridades provinciales para que se dictamine una norma que no avale las fumigaciones cercanas a instituciones educativas en toda la región.
En el camino que recorrieron desde su primera denuncia, vecinos de otras localidades de la zona se han acercado con la misma problemática, uniéndose en el reclamo. De hecho, el asunto ha repercutido también en otras provincias, haciéndose eco de esta lucha.
“Nos enteramos de que en Tandil todas las escuelas rurales son fumigadas”, lamentó. Admitió entonces, que una vez que se logre una normativa más eficiente, el beneficio será para todos, poniendo el esfuerzo colectivo como bastión para alcanzarlo.
“Hubo denuncias anteriores. Yo misma lo hice hace nueve años, cuando mi hijo ingresó a esta escuela, como otros padres, pero no hubo grandes cambios desde el Municipio”, contó.
Finalmente, Silvia Gómez, poniendo su voz para decir lo que todo su grupo piensa, manifestó la expectativa porque finalmente se vuelva normal el hecho de respetar estas leyes. “Que sea normal que la salud esté antes que la producción con agroquímicos”, aseveró, advirtiendo que hay otras formas de cultivar los alimentos como la orgánica y agroecológica, que en la ciudad están teniendo buenos resultados y repercusiones.
