En el marco de las negociaciones, el Movimiento 1 de Octubre coordinó acciones con el Municipio y Nación
La agrupación liderada por Griselda Altamirano participó de otra audiencia con el juez federal Bava para intentar destrabar el conflicto. Se reunieron con el Consejo Económico y Social, y el Ejecutivo se comprometió a vehiculizar las herramientas ofrecidas por los ministerios nacionales.
Se realizó la tercera audiencia convocada por el juez federal Martín Bava en el marco del conflicto que involucra al Movimiento 1 de Octubre y los diferentes estamentos del Estado, con el objeto de llegar a una solución pacífica del problema. La etapa de mediación sostenida por el magistrado tendrá un nuevo capítulo el 10 de enero, para continuar con las negociaciones y la paz social instalada desde que se abrió el diálogo.
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La convocatoria del magistrado responde a los inconvenientes suscitados durante octubre y noviembre, a través diferentes manifestaciones de la agrupación en la vía pública, cortes de ruta y los bloqueos a dependencias oficiales del Ministerio de Trabajo y Anses. Los referentes de ambos organismos, Gonzalo Santamarina y Mariano Pereyra Iraola, denunciaron penalmente a la dirigente del movimiento, Griselda Altamirano, ante el mismo juzgado y se instruyó una causa por “Averiguación de delito”, que sigue su curso.
De la reunión llevada a cabo, el último jueves, en la sede del Poder Judicial de competencia federal asentado en la vecina localidad de Azul formaron parte Griselda Altamirano, por el movimiento social; Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Social del Municipio; Andrés Curcio, titular de la Secretaría Legal y Técnica de la comuna; y el doctor Juan Manuel Erdocia, en representación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Del devenir de la audiencia se desprendieron varias propuestas, entre ellas la invitación de la cartera ministerial para que el Municipio participe de una reunión a realizarse en el transcurso de la primera semana de enero en la Ciudad de Buenos Aires, a fin de poner en conocimiento las diferentes herramientas con las que cuenta el ministerio para utilizar en el marco de los convenios que firma con los municipios. Asimismo, ofreció el enlace necesario para el asesoramiento en la conformación de cooperativas sociales en la órbita del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). Por su lado, los representantes del Departamento Ejecutivo se comprometieron a acudir a la mesa de diálogo para intercambiar alternativas.
Además, el Movimiento 1 de Octubre entregó un listado de diez personas y dos familias que se sumarán a los proyectos del taller textil y de huerta, respectivamente, ofrecidos por Marcieri en el encuentro anterior.
Por último, Altamirano informó al juez que se hallan gestionando una reunión con el área de Planificación Federal para el mejoramiento de viviendas, uno de los tópicos solicitado por el grupo en numerosas ocasiones.
La integración al Consejo
En el acta labrada al finalizar la audiencia también quedó consignado que la agrupación debía asistir a la reunión del espacio municipal recientemente conformado para comenzar a formar parte del mismo.
La convocatoria fue el mismo jueves a las 18 en la sede del Gobierno comunal y asistió, además, un veedor del juzgado federal enviado por el juez Bava.
El ente cuenta con la participación de diversos actores sociales e institucionales, entre los que se encuentran las cámaras empresarias, la Sociedad Rural, la Mesa Intersindical, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Mesa Solidaria, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, bloques políticos, Pami, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, delegación regional de la Secretaría de Trabajo, Anses y muchos más. La insistencia del funcionario judicial obedece a que en el Consejo participan representantes de varios organismos provinciales y nacionales que, de acuerdo a su criterio, tienen competencia para ayudar a resolver los problemas de base planteados por el movimiento.
Sobre esta inclusión, Altamirano aseguró que no habían recibido antes una invitación formal por parte del Ejecutivo municipal para conformar ese espacio y expresó su disconformidad con la naturaleza del mismo, máxime considerando que se aproxima un año electoral en el que según, su análisis, será usado como un frente de proselitismo por los diferentes actores políticos involucrados.
“Es juntar a la víctima y el victimario, fuimos porque el juez lo pidió y manifestamos lo que expresamos siempre en nuestros reclamos; no nos interesa un espacio donde el oficialismo rinda cuentas de lo que no hace, se hace catarsis, campaña electoral y no funciona como un verdadero espacio de resolución”, dijo en declaraciones a El Eco de Tandil la referente social.
“El juez sigue avanzando y llamando a las personas que considera e interiorizándose en lo que puede ofrecer el Estado, agotadas estas instancias, recién debería tener lugar la instancia penal. Pero está lejos de resolverse el problema de la falta de trabajo, el criterio que tiene el juez a la hora de convocar no es el nuestro, pero respetamos su mediación, la representación en su persona de una reserva moral y su intención de solucionar de verdad el conflicto”, redondeó.
Aunque dejó claro su posicionamiento, Altamirano anticipó que se presentará también en la reunión plenaria del Consejo establecida para el jueves 3 de enero y que el 10 concurrirá una vez más a encontrarse con el magistrado para ajustarse a derecho y seguir con la etapa de mediación, período en el cual garantizaron mantener la paz social y no movilizarse en las calles.
