INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO
El Sistema de Salud trabaja en la actualización normativa para adaptarse al nuevo protocolo ILE
El Municipio había adherido al protocolo provincial de interrupción legal del embarazo en 2015 y ahora hará las modificaciones necesarias para enmarcarse en lo dispuesto por la nueva normativa, que incorpora las actualizaciones establecidas por la cartera sanitaria nacional. El objetivo es agilizar el acceso a las prácticas de aborto no punible encuadradas en la ley.
Los ministerios de Salud y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerenses firmaron la semana pasada la resolución por la cual la provincia de Buenos Aires adopta el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, con las actualizaciones incorporadas por la cartera sanitaria nacional el pasado 12 de diciembre. En sintonía, desde el Municipio confirmaron que se va a dictar una nueva disposición tomando el nuevo protocolo, y que los profesionales y autoridades se encuentran abocados a la tarea de actualización de la normativa. Los cambios que se apliquen se darán a conocer próximamente, según indicaron.
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El protocolo vigente en Tandil
La ciudad cuenta con una Consejería para la Reducción de Riesgos y Daños en situaciones de embarazos no planificados, que funciona bajo la órbita del Sistema Integrado de Salud Pública. Este dispositivo tiene su origen en una legislación sancionada en julio de 2015 en la provincia de Buenos Aires (Ley 14.738) por la cual se crean estas consejerías, como ampliación de los programas de salud sexual y reproductiva, y procreación responsable. El Municipio adhirió ese mismo año a la normativa provincial, a través de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, por unanimidad y consenso de todos los bloques.
Conformado por una médica, una promotora de salud, una psicóloga y una trabajadora social, el equipo realiza intervenciones enmarcadas en la ley, que no siempre derivan en una interrupción legal del embarazo.
En ese sentido, las Consejerías tienen como objetivos disminuir la morbimortalidad materno-infantil y de mujeres gestantes por abortos inseguros; prevenir, mediante información y educación, los abortos en condiciones inseguras; garantizar el acceso a los servicios para la atención de abortos no punibles; y asesorar y capacitar al personal profesional y no profesional para el cumplimiento de este programa.
Los cambios
La guía que se acaba de actualizar en el territorio bonaerense es construida sobre la que hizo Daniel Gollán –actual ministro de Salud provincial- en 2015, cuando estaba al mando de la cartera de Salud de la Nación, y servirá a los equipos de salud para guiar los procedimientos en interrupciones legales del embarazo contempladas por el Código Penal en su artículo 86 incisos 1 y 2; cuando el aborto produce un problema para la salud y la vida de la mujer, o en los casos en que el embarazo es producto de una violación.
Desde la Provincia explicaron que esta guía toma las últimas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para que el procedimiento quede más claro, haya menos intermediarios y genere mayor accesibilidad, “para que se garantice el derecho a la salud de algo que es totalmente legal”. De este modo, se busca evitar barreras indebidas de acceso al cumplimiento de la norma y prácticas dilatorias innecesarias.
En cuanto a la objeción de conciencia, las autoridades bonaerenses explicaron que ya estaba contemplada en protocolos previos y detallaron que en esta nueva guía queda claro que es un derecho individual, pero que las instituciones de salud pública deben garantizar en todos los casos pertinentes el acceso a los abortos no punibles. Vale destacar que el servicio de Ginecología del Hospital Ramón Santamarina es objetor de conciencia en su totalidad.
La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense Estela Díaz insistió en la necesidad de aplicar el protocolo y no demorar los procedimientos porque para la salud de la mujer y para el sistema de salud público “es costosísimo cuando llegan mujeres con interrupciones del embarazo realizadas en el circuito clandestino e inseguro; en cambio, la práctica del aborto en el primer trimestre de gestación es sencilla, medicamentosa y hasta se puede atender no sólo en los hospitales, sino en los centros de atención primaria de la salud”.
