Continúa el paro de lapiceras en el Hospital por conflictos con la representatividad gremial
Los profesionales de la salud no firmarán los papeles de las prestadoras hasta tanto no se devuelva el uno por ciento del salario básico retenido por el convenio de trabajo. Piden que se reconozca su autonomía y libertad sindical. El Municipio reclamó ante el Ministerio de Trabajo.
Como se había anticipado oportunamente, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) adoptó una medida de fuerza frente a la aplicación de la cláusula de Usufructo del convenio colectivo de trabajo, mediante la cual se les descontó el uno por ciento del salario básico.
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Finalmente, la semana pasada profesionales del Sistema Integrado de Salud Pública comenzaron con el “paro de lapiceras”, el cual consiste en no firmar las epicrisis y los bonos de las obras sociales, aseguradoras y otras prestadoras, medida que afecta directamente a la facturación del Sistema Integrado de Salud Pública. Cabe destacar que la atención de los pacientes está garantizada y no se verá interrumpida en forma alguna.
El artículo de la discordia
El artículo de Usufructo hace referencia a que las mejoras salariales o de cualquier tipo conseguidas por la entidad gremial alcanzan a todos los trabajadores aunque que no están afiliados, entonces cada empleado no afiliado debe entregar el uno por ciento del salario básico al sindicato.
En un comunicado emitido anteriormente, desde la entidad profesional expresaron que “el mismo artículo 319 abre la posibilidad de que cada trabajador pueda renunciar expresamente, mediante una carta, a que se le realice el descuento, y que esa negativa tiene una duración anual, debiendo renovarse cuando el convenio sufra alguna modificación en su articulado, donde debería realizarse el trámite de nuevo. Pese a haberse presentado esta nota de renuncia al descuento ante la oficina de Recursos Humanos, el Ejecutivo hizo caso omiso y liquidó el mismo”.
Y añadieron: “Instamos al Ejecutivo municipal a deponer la decisión en curso, promoviendo un diálogo franco e imprescindible en la búsqueda de solucionar un conflicto que, por su gravedad, nos lleva a tomar medidas de acción directa”.
La continuidad de la medida
La médica Laura Lewin, referente de la Cicop, en contacto con este Diario informó que días pasados mantuvieron una reunión con miembros del Departamento Ejecutivo de la que participó junto a sus colegas Mabel Brindo y Mariana Cherjovsky; y de la que formaron parte Mauricio Baldovino, director de Recursos Humanos del Municipio; Andrés Curcio, secretario de Legal y Técnica; y las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública Gastón Morando, Matías Tringler y Soledad García Carreiras.
“Intentaron decirnos que reconsideremos la medida y nada más, el lunes va a haber una asamblea de profesionales con cosas que quieren que les traslademos a todos ellos, pero el paro sigue adelante hasta la devolución del dinero”, expresó Lewin. Además, los trabajadores en cuestión hicieron un presentación judicial para extinguir la cláusula de Usufructo del convenio colectivo de trabajo y que no siga generando efectos.
El problema de la representación
Guillermo Torremare apoderado legal de la Cicop, en una entrevista concedida al ciclo radial Dulce o amargo (104.1 Tandil FM) fue crítico del posicionamiento del Municipio ante el conflicto, y adujo que no respeta la normativa vigente en la materia.
El letrado señaló que se soslaya la representatividad de la entidad que posee el 50 por ciento de afiliación sobre un universo de 350 profesionales de la salud, frente al 1 por ciento que adhiere al Sindicato, espacio al cual la municipalidad le reconoce la representatividad.
“Los profesionales de la salud tienen su propio sindicato y a nivel municipal tiene inscripción gremial, lo que le da una serie de atribuciones, derechos y facultades enmarcadas por la ley”, explicó.
El abogado ponderó que en la esfera municipal ha sido difícil el reconocimiento de la entidad como una fracción autónoma capaz de tomar decisiones y alegó que hay una férrea oposición del Sindicato de Trabajadores Municipales a que los profesionales del hospital tengan su propia representatividad.
Con respecto a los alcances y limitaciones de la Cicop como gremio, Torremare expuso que el Ministerio de Trabajo provincial indicó que la asociación no debía participar de la confección del convenio colectivo de trabajo suscripto entre el sindicato municipal y el Ejecutivo porque para actuar a nivel local no tiene personería gremial, pero que sí hay otras cuestiones pertinentes a la representación de intereses colectivos “donde el municipio hace oídos sordos a normas jurídicas como la del Tribunal de Trabajo para las cuestiones salariales y tienen la obligación de convocar a la asociación de profesionales porque está establecido en el decreto municipal de carrera profesional hospitalaria”.
“Quienes están en otro sindicato debe ser exonerados de abonar el usufructo porque si no hay doble contribución hacia un mismo objetivo -que es la representatividad gremial- lo que implica una violación al principio de la libertad sindical”, se explayó Torremare.
Posturas encontradas
“Se charló con las autoridades municipales, habrá una asamblea de profesionales el lunes e hicimos la presentación en la delegación local de la cartera de trabajo. Es una medida de fuerza que se toma como cualquier asociación sindical, siempre que se toma una medida de acción directa se está intentando generar un perjuicio a la otra parte para ser escuchados”, agregó y desechó la posibilidad de que haya sanciones severas a los trabajadores por llevar adelante la medida.
En tanto que el secretario de Gobierno Oscar Teruggi, ratificó que hubo varias reuniones para intentar que los médicos y demás profesionales desistieran del paro, pero ninguna llegó a buen puerto.
“Entendemos que el ministerio les notificó que no tienen personería gremial para llevar adelante la medida. Realizamos una presentación en el Ministerio de Trabajo entendiendo la ilegalidad de la medida y queremos que vuelvan a firmar lo que corresponde porque provoca un perjuicio económico al Municipio y al sistema de salud, que se retroalimenta de sus propios ingresos. Los canales de diálogo están abiertos”, expresó Teruggi, quien calificó como “desproporcionada” la acción emprendida.
