El Tribunal de Cuentas le reclamó a la gestión de Scarcella en ABSA que devuelva 51 millones de pesos
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires desaprobó egresos millonarios de la rendición 2015 de la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), durante la gestión que encabezaba Guillermo René Scarcella. En la resolución, le ordenó al tandilense y a otros funcionarios devolver casi 51 millones de pesos correspondientes a gastos que presentaban irregulares o no estaban debidamente respaldados en la documentación.
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Tras la resolución, que fue publicada en la página oficial del organismo y en el Boletín Oficial de la Provincia, los implicados podrán interponer una demanda en el fuero contencioso administrativo. De lo contrario, deberán reintegrar el dinero que se les reclama en un plazo de 90 días.
El informe, que consta de 591 páginas, detalló el análisis y dio su dictamen sobre las cuentas de la empresa que presta en servicio de agua y cloacas en La Plata, Bahía Blanca y otras ciudades del interior de la provincia. Además, consignó el descargo que presentaron Scarcella y otros funcionarios durante el proceso.
Tras el estudio de las erogaciones vinculadas a obras y otros gastos, el tribunal desaprobó egresos dispuestos por la firma durante 2015, formuló cargos contra Guillermo Scarcella y una decena de exdirectivos por casi 51 millones de pesos.
Además del extitular de ABSA, fueron sancionados y multados los exdirectivos Carlos Alberto Coronel, Matías García, Juan Bautista Morato, Heriberto Jáuregui Lorda, Mario Vuillermet, Jorge Radivoj, Lorenzo Gianelli, María Julieta Casajús, Jorge Héctor Di Leo y Francisco La Porta.
Los argumentos
En el informe del Tribunal de Cuentas se enumeran diferentes irregularidades como “incompatibilidad laboral” por el trabajo de un mismo agente en dos o más reparticiones del Estado, como así también por proveedores contratados por ABSA para obras y servicios que además eran empleados de la misma empresa.
Por otro lado, los auditores marcaron falta de documentación en órdenes de pago y de constancias del cumplimiento de los contratos y de la prestación de servicios, “ausencia de razonabilidad en el gasto” y “exceso en el uso de facultades de autorización”. Es decir, cuestionaron la ausencia de controles y de documentación sobre la ejecución de las prestaciones por las cuales pagó.
En cuanto a los procesos de contratación de servicios y obras, los auditores detectaron “discrecionalidad y ausencia de transparencia”, entre otras acusaciones graves como “falta de pertinencia y razonabilidad en los reajustes de precios” sobre diversos contratos con firmas privadas.
Además, mencionaron el faltante de documentación de respaldo de contrataciones y pagos, erogaciones no justificadas en el rubro “pago de multas e intereses” y la falta de rendiciones sobre la facturación y las cobranzas en el año analizado por el Tribunal.
Por otra parte, el organismo reveló inconvenientes en otros rubros de la rendición, como la compra de móviles que figuraban con un modelo distinto al que tenían en realidad.
Cabe recordar, que la gestión de Guillermo Scarcella en ABSA fue objetada por distintos sectores de la política, pero además fue denunciado ante la Justicia en una causa que también involucra al exgobernador Daniel Scioli.
Las multas
En la parte resolutiva del documento, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó las cuentas de ABSA para el período 2015, aunque realizó llamados de atención a funcionarios, desaprobó millonarias erogaciones y aplicó multas para Guillermo Scarcella y una decena de directores que lo acompañaron en la gestión.
Por caso, en el artículo tercero aplicó multas de 48 mil pesos a Guillermo René Scarcella; de 40 mil a Carlos Alberto Coronel, otro tanto a Matías García, a Ricardo Juan Bautista Moratoy y a Heriberto Jáuregui Lorda; de 10 mil pesos a Mario Miguel Vuillermet; de 30 mil a Jorge Enrique Radivoj; de 25 mil a Lorenzo Pablo Giannelli; de 20 mil a María Julieta Casajús y otro tanto a Jorge Héctor Di Leo; y de 5 mil a Francisco Antonio La Porta.
En el fallo, el ente de contralor también dispuso “encomendar a la división relatora que tenga a cargo el estudio de la cuenta de Aguas Bonaerenses correspondiente al Ejercicio 2016 que continúe con los temas enunciados” en varios de los considerandos objetados.
Sumado a eso, ordenó “poner en conocimiento de las actuales autoridades de Aguas Bonaerenses SA, del accionista mayoritario: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, del accionista minoritario: Sosba, en representación de los trabajadores de ABSA, y a la señora Gobernadora de la provincia de Buenos Aires y al ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros”.
En vigésimo lugar, determinó notificar a Scarcella y al resto de los sancionados “de lo resuelto en los artículos precedentes, y fijarles por sanciones pecuniarias plazo de noventa (90) días para que procedan a depositar dichos importes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires” y les advirtió que “la sentencia podrá ser recurrida dentro del plazo de quince (15) días conforme lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 10.869 y sus modificatorias. Para el caso en que los responsables opten por interponer demanda contencioso administrativa, deberá notificar a este H. Tribunal de Cuentas, dentro del plazo que establece el Artículo 18 de la Ley 12008, fecha de interposición de la demanda, carátula, número de causa y juzgado interviniente, todo ello bajo apercibimiento de darle intervención al Fiscal de Estado para que promueva las acciones pertinentes previstas en el Artículo 159 de la Constitución Provincial (Artículo 33° de la Ley Nº 10.869 y sus modificatorias)”.
Por último, dispuso comunicar la resolución al presidente de Aguas Bonaerenses SA, al subsecretario de Servicios Públicos del Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y a los funcionarios de la Vocalía Reparticiones Autárquicas y Entes Especiales del Tribunal de Cuentas.
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