Política

El Concejo volvió a detectar irregularidades en la oferta única para el edificio de Vialidad

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Una vez más, se desató el debate en el Concejo Deliberante en torno a la oferta única en el marco de la licitación pública para la ejecución de obras civiles en el edificio de la Dirección de Vialidad. El expediente volvió a ponerse en tratamiento y regresó, como había ocurrido el 13 de abril pasado, a comisión a pedido de los radicales Juan Pablo Frolik y Marcos Nicolini. Antes, concejales de la oposición objetaron que el monto de la propuesta económica de la empresa se presentó tachado con corrector, pero dejaba ver que se enmendó para elevarla de 1,5 a 1.618.390 pesos. Además, el acta de la Comisión de Preadjudicación estaba fechada para el próximo sábado.

En principio, resultó llamativo que este tema resonara por segunda vez en el recinto, ya que se había remitido a la Secretaría de Economía tras los cuestionamientos que había cosechado en abril. Es que a pesar de algunas correcciones, el expediente mantuvo “serias irregularidades” que no contribuyen a la transparencia del acto de gobierno, máxime cuando se presentó un solo oferente a la convocatoria pública.

En principio, el concejal del Bloque Justicialista Pablo Bossio leyó los artículos del proyecto para aceptar la única oferta de la empresa Syasa por 1.618.380 pesos, con un anticipo financiero del 20 por ciento, para ejecutar obras civiles en la nueva Dirección de Vialidad, entre ellas el comedor y una garita de seguridad.

El legislador destacó que las observaciones que enumeraron en la sesión pasada “no fueron subsanadas” y marcó “serias irregularidades”. Entre ellas, que se presentó con “tachaduras y enmiendas en el precio, que era de 1,5 millones de pesos”. E informó que el nuevo monto cumple el requisito de una licitación con fondos provinciales, que se puede exceder hasta un 20 por ciento respecto del costo previsto en el pliego.

“Para colmo hay un acta de preadjudicación con fecha del 10 de junio de 2017, es decir, que se reúne el próximo sábado”, cuestionó, y consignó que está convalidada por las firmas de los secretarios de Obras Públicas, Economía, Gobierno, y Legal y Técnica.

Bossio sostuvo que “esta oferta única este Concejo Deliberante no la puede acompañar. No queremos llevar esto a la órbita judicial pero queremos transparencia” y agregó que “luego de 13 años de gobierno, traer este expediente es una desprolijidad administrativa”.

Además, pidió que se procediera a la votación nominal, para que constaran en actas los nombres de los concejales que votaran a favor y en contra, ante cualquier reclamo que pudiera realizar el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

El descargo

En soledad, el radical José Luis Labaroní ratificó que el expediente ya había regresado a la Secretaría de Economía y Daniel Binando lo volvió a elevar “con un descargo y corrigió situaciones de forma”.

Además, pidió “salvar el trabajo de la Comisión de Preadjudicación, que pareciera la culpable, pero el sobre 2 que presenta la empresa se asienta tal cual viene”. Y aseguró que los funcionarios municipales no deben “salvar un acto administrativo de la empresa”.

Respaldó el documento de descargo que firmó Daniel Binando y que se adjuntó al expediente, y lanzó que “son infundados los reclamos que hace el concejal”.

El liquid paper

La massista Beatriz Fernández, en línea con las objeciones del Bloque Justicialista, afirmó que “hace ruido” que la oferta está borrada con liquid paper y “ocurre en dos folios”.

Y remarcó que el dictamen de comisión solo fue firmado por el oficialismo. “No hemos estado de acuerdo. Cuanto menos son desprolijidades muy fuertes en valores muy altos. Aprobar esto no tiene ningún sentido”, remató.

En tanto, el justicialista Facundo Llano salió al cruce de Labaroní y explicó que el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el Legislativo debe analizar todos los aspectos de las ofertas únicas y evaluar si la contratación resulta conveniente para el Municipio. Repasó que la primera vez la rechazaron porque no se acreditaba la solvencia económica de la empresa, no tenía el dictamen de la Comisión de Preadjudicación, no constaba la publicidad al llamado a licitación y estaba tachada la oferta económica.

Agregó que, luego, el Ejecutivo presentó un informe de características económicas. “No es cierto que se hayan salvado las irregularidades”, dijo, y le sumó que Economía dio su visión de que “la empresa tiene solvencia débil”.

Llano reconoció que salvaron la falta de publicidad del llamado a licitación al anexar un aviso de otro medio local, pero sostuvo que los funcionarios sabían que habían vendido un solo pliego y aceptaron “una oferta intervenida irregularmente al cambiar el número, que es el dato más importante y encima es superior al establecido en el pliego”.

Por otra parte, advirtió que si bien la propuesta la realiza la empresa “el funcionario actuante debe firmar todas las hojas de la oferta y no intervino con su firma la hoja salvada con liquid paper”. Sumado a esto, indicó que la ley establece que las presentaciones se deben realizar en computadora y sin enmiendas ni tachaduras.

Llano sostuvo que “no hay que ser perito” para detectar las irregularidades e insistió con que “hay que llamar a otra licitación en pos de los principios de transparencia de la administración pública”.

Sin votación

Ante esa situación, Araceli De Vanna pidió constituirse en comisión y un cuarto intermedio para tomar una decisión. A esa altura se adivinaba que la mayoría de los integrantes del bloque oficialista no estaba dispuesta a convalidar la adjudicación de la obra.

Tras unos minutos, el presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik mocionó que el asunto quedara en comisión, consiguió el apoyo de Marcos Nicolini y todo el cuerpo acompañó la decisión que descomprimió el debate.

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