Política

Desde la Banca XXI, reclamaron que se cumpla con las consejerías para embarazos no planificados

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El Concejo Deliberante escuchó ayer otra voz en el marco del debate por el funcionamiento del Servicio de Interrupción Legal del Embarazo, que depende del Sistema Integrado de Salud Pública. En esta ocasión, agrupaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres reclamaron que se cumpla con las Consejerías para la Reducción de Riesgos y Daños en Situaciones de Embarazos no Planificados.

La Banca XXI, en la voz de Liliana Giannattasio, integrante de la Biblioteca de las Mujeres, sonó en respuesta a las denuncias del grupo Más Vida, que en la sesión del 26 de octubre pasado, se había pronunciado en contra de los más de cien abortos que se habrían realizado en el Hospital en lo que va del año y había reclamado más controles del Departamento Ejecutivo.

Desde la barra, siguieron la exposición referentes de organizaciones que militan por los derechos de las mujeres, como así también algunos integrantes del grupo Más Vida que se manifiesta en contra del aborto. Además, acompañaron funcionarios del Departamento Ejecutivo, entre quienes se encontraban la directora de Políticas de Género Andrea Rossetti y su par de Salud Mental Luciano Grasso.

Sobre el final de su exposición, Liliana Giannattasio reclamó que se institucionalice el espacio de las consejerías en el Sistema Integrado de Salud y que se cumpla con la ley provincial a la que adhirió el Concejo Deliberante. Al mismo tiempo, exigió que se garantice la intervención de profesionales no objetores de conciencia en cuanto a la práctica de la interrupción legal del embarazo, que se provean el espacio de trabajo y los insumos, y que se respete el trabajo libre, sin condicionamientos ni hostilidades.

Entonces, desde la barra se escuchó un intenso aplauso, frente a los integrantes de la otra agrupación que habían escuchado con respeto los argumentos.

Los fundamentos

En principio, la expositora aclaró que “no venimos a discutir sobre aborto” y planteó que el objetivo era solicitar que se institucionalicen las consejerías a las que el Municipio adhirió a través de la sanción de una ordenanza.
Repasó los alcances de la Ley 14.738, que en su capítulo segundo creó las Consejerías para la Reducción de Riesgos y Daños en Situaciones de Embarazos no Planificados en las salas de atención primaria y hospitales de la provincia de Buenos Aires, y recordó que en 2015, el Concejo Deliberante adhirió a la normativa a través de una ordenanza votada por unanimidad.

Resaltó que el espíritu de esta medida es respetar el derecho de la mujer a la “autonomía personal”, garantizar el acceso a la información y a tomar la decisión “sin presión”.

Por otra parte, le achacó al concejal del radicalismo Adolfo Loreal que “desconozca y cuestione el trabajo de la consejería”, cuando votó la ordenanza de adhesión a la ley que busca garantizar una amplia gama de derechos.

Al mismo tiempo, señaló que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), o el aborto no punible, está contemplada en el artículo 86 del Código Penal, a partir de un fallo de 2012 de la Corte Suprema de Justicia que fijó los alcances de la figura.

Entonces, enfatizó que “el Estado debe poner a disposición condiciones médicas e higiénicas” para el ILE, ya que “la clandestinidad vuelve inseguro el aborto” y afecta “a los sectores más pobres”. En igual sentido, remarcó que cada vez que se niega a una mujer la posibilidad de abortar, se vulneran doce de sus derechos.

Por último, solicitó que se cumpla con las consejerías, eliminando las barreras que existen para su funcionamiento; que se aseguren profesionales no objetores de conciencia; que se garantice el personal de salud, los insumos y las condiciones laborales libres de hostilidades.

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