Actores judiciales celebraron el debate, pero no apoyan una baja en la edad de imputabilidad

Como ocurre de manera cíclica, en los últimos días volvió a formar parte de la agenda de los medios el debate por la edad de imputabilidad. Fue a partir de la propuesta del ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano de generar consensos para crear un Régimen Penal Juvenil y reformar el Código Penal. Eco TV, en un programa especial de “La ciudad”, convocó a referentes de la Justicia y de organizaciones sociales que trabajan con chicos para analizar la problemática.

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La primera conclusión fue que hubo coincidencias en que bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema de los menores que delinque. En esa línea, desde la Justicia y las entidades civiles como La Tribu y Granja Los Pibes reclamaron herramientas para abordar el tema.

En diálogo con el programa “La ciudad”, la doctora María de los Angeles Marsiglio, fiscal del Fuero Penal Juvenil, celebró la apertura al debate y lo calificó como “una grata sorpresa”, ya que “hace años que el Fuero Penal Juvenil se implementó en la Provincia de Buenos Aires y estamos todos los operadores esperando que se debata en el orden nacional el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, porque es totalmente opuesto a lo que es el régimen en la provincia. Pero, sin embargo, nosotros estamos obligados a aplicar la ley nacional. Con lo cual, para nosotros es importantísimo que por fin se debata y que se trate todo lo que es el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”.

La fiscal indicó que Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene un régimen Penal Juvenil, aunque tiene incorporada la Convención de los Derechos del Niño en la Constitución Nacional. “Con lo cual se produce un desfasaje terrible entre la realidad de la ley nacional actual y el paradigma que establece la Convención de los Derechos del Niño, que es lo que se supone que debería estar rigiendo”, explicó.

La doctora Marsiglio agregó que aguarda, además de la creación de la Justicia especializada para Nación del Sistema Penal Juvenil, que se traten “medidas alternativas al proceso, a la privación de la libertad, un régimen de sanciones especial y adecuado a los jóvenes, y también, por supuesto, el tema de la edad que se incorpora en esta problemática”.

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Debate
instalado

En ese sentido, reparó en que Tandil tuvo un debate en la sociedad, el año pasado “en cuanto a qué se hace con un chico cuando infringe la Ley Penal. Hemos escuchado comentarios muy disímiles y muy opuestos en la comunidad, el año pasado con los chicos de las bicicletas y en otros momentos también se ha debatido el tema”.

Explicó que si hoy un menor de 16 años comete un delito grave, la fiscalía no tiene herramientas para el caso y está obligada a pedir el sobreseimiento en razón de su edad. “Para nuestra ley no son punibles los chicos que no hayan cumplido los 16 años de edad, no importa el delito que sea. Pasados los 16 años, depende del delito. Sin son delitos con pena mayor a dos años, sí son punibles hasta los 18. Si son penas menores a dos años, no son punibles”, precisó.

En cuanto a su postura sobre la edad de imputabilidad, expresó enérgicamente que “creo que no es ése el debate. El debate que se ha generado, si lo reducimos al tema de la edad, va a volver a quedar como que la única cuestión es la edad. Lo que se está hablando es de la Reforma de la Ley Penal Juvenil, o sea, qué es lo que queremos como sociedad en relación a los jóvenes y la responsabilidad cuando comenten un hecho ilícito”.

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Analizó que “en ese marco, nosotros tenemos que plantearnos cuando un chico tiene 15 años e infringe la Ley Penal, por ejemplo, con un delito leve como una pintada que arruina un frente de una casa o un hurto simple o alguno de estos delitos como los que estaban cometiendo los chicos el año pasado del grupo de las bicicletas, qué hacemos con ese chico. No hacemos nada, que es lo que sucede ahora, o tomamos alguna medida de responsabilización, que se haga cargo y alguna medida”.

Aclaró que en su postura “no estamos hablando de restrictivas de la libertad. Por eso, el nuevo régimen debe crear medidas alternativas. Lo que no puede seguir pasando es que no se haga nada, porque el chico que comete un delito, aunque sea un menor, está llamando la atención. Es decir que detrás de ese hecho -el delito siempre es la última instancia- hay un chico que está pidiendo ayuda”.

Silvia Monserrat sostuvo que hay
que responsabilizar a los chicos
por los actos que infringen la ley

Por otra parte, la titular del Juzgado de Familia, doctora Silvia Monserrat, indicó que “todo nos toca a nosotros. Nada nos es ajeno. La problemática de los menores es del Fuero de Familia sin lugar a dudas”. Y reparó en que los niños y adolescentes que delinquen “no nacieron de una probeta”, entonces, “el Estado tiene responsabilidad, la sociedad tiene responsabilidad, pero la realidad es que la primera responsabilidad la tenemos los familiares directos, generalmente, los padres”.

Evaluó que “estos niños cuando cometen delitos, sin lugar a dudas vienen de un grupo familiar desintegrado o un grupo familiar que, por su parte, tampoco respeta las normas y esos son los modelos que estos niños aprenden y después replican. Entonces, el cometer un delito es porque en la familia se lo permiten. Es porque de alguna manera lo contribuyen. Si viene a casa un hijo con un celular que el padre sabe que no le compró y el hijo no tiene acceso a ningún ingreso, debería preguntarse de dónde salió el celular”.

La magistrada advirtió que son “muy pocas” las familias que reconocen que no pueden con sus hijos y describió que “la inmensa mayoría” lo dice, pero cuando el Fuero de Familia las cita y empieza a trabajar para restituir los derechos de los niños “hace lo imposible para que las estrategias no se puedan llevar adelante”.

Como ejemplo citó que “hemos tenido adolescentes que los hemos llevado a centros de rehabilitación de drogas y son los propios padres los que los sacan antes del alta, o son los propios padres los que si los llevamos a un hogar convivencial -hoy trabajamos solo con uno para chicos que ya han cometido delitos, no son imputables- los que impulsan a ese adolescente a que abandone el programa y el hogar. Entonces hay una responsabilidad absolutamente directa de los padres”.

Reparó en el caso que disparó el debate, del pibe que mató a Brian de un disparo en la cara y destacó que “fueron sus propios padres los que lo ayudaron a irse a Chile. Ese chico se ha criado en un ambiente en donde la transgresión es normal y habitual, donde los padres también transgreden, comenten delitos. Entonces cuál es el rol y el modelo que se les da, el de los padres”.

Explicó que disponen medidas de abrigo para menores de 16 años que han cometido delitos cuando “estamos convencidos de que mantener a un adolescente en su grupo familiar es precisamente mantener el modelo que tiene”.

El bien y el mal,
un “conocimiento
temprano”

Por otra parte, la doctora Monserrat subrayó la importancia de la “responsabilidad de los actos” y explicó que en el Código Civil la responsabilidad por los ilícitos es a partir de los 10 años. “En realidad, el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal es un conocimiento temprano en la psiquis de una persona. El poder distinguir si algo que está bien, conviene o no, es posterior. Por eso para los actos lícitos, para un contrato, contraer un matrimonio, se requiere más edad, pero el chico sí sabe que está cometiendo un ilícito, sí sabe que está transgrediendo. El problema es que no trabajamos para que enfrente las consecuencias de esos actos ilícitos, porque nadie se queda freezado en los 15 años. A los 16 se llega y a los 18 también. Entonces, ese chico que a los 15 comete un delito -y empiezan en algunos casos a los 11-, a los 18 termina en una cárcel de adulto. Ese es el camino”.

La jueza de Familia reclamó que los especialistas en derecho penal expliquen qué ocurre con un artículo de la Ley 13.634, que creó el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el de Familia, que establece algunas medidas que se pueden adoptar aun en caso de niños inimputables. Enumeró que se les puede determinar orientación y apoyo familiar, obligación de reparar el daño, prestación de servicios a la comunidad. “Yo no lo he visto hacer. Debe haber alguna jurisprudencia y alguna razón por la cual el fuero no lo hace. Lo desconozco. Pero si alguien me pinta la puerta de mi casa con un graffiti y obligamos a que ese chico lije la puerta y la pinte, le estamos enseñando que todo acto tiene una consecuencia”, analizó.

A voluntad

Explicó que hoy los niños inimputables son atendidos por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño que trabaja con el Fuero de Familia. “Lo único que podemos hacer es extraer ese niño de su grupo familiar y alojarlo en un hogar convivencial. Para lo cual también necesitamos la voluntad del adolescente o de la familia. Si ambos no prestan la voluntad, el niño tarde o temprano va a abandonar el programa”.

Precisó que los hogares convivenciales y las comunidades terapéuticas son abiertos, por lo cual, los chicos entran y salen cuando quieren. En algunos casos, la Justicia puede intentar que se reincorporen, pero “hay algunos hogares que ante el primer abandono o al segundo, ya no lo quieren recibir porque es un mal ejemplo para los demás. En alguna medida es un efecto dominó, si uno lo hace, el resto lo quiere hacer también”.

La magistrada coincidió con la fiscal María de los Angeles Marsiglio en la necesidad de que los chicos se responsabilicen porque no solo dañan a adultos sino también a otros pares más vulnerables. “Nos pasó con Las Playeritas. Con el Servicio Local trabajamos bien. Convocamos a los padres y es fácil, el discurso es sencillo: ‘Si seguimos así, a su hijo lo van a matar. Como lo mataron al chico de 15 años en Pergamino’. Es decir, esto no es una cuestión de sancionar su conducta, es también proteger a este niño porque tarde o temprano le va a pasar algo serio, porque la gente se ha ido cansando y no entiende que también está transgrediendo la ley cuando intentan tomar justicia por mano propia. Pero esto está pasando en nuestra sociedad”.

Y sostuvo que el modo de proteger al chico es “lo alejamos, lo llevamos a otro ambiente, un hogar convivencial, donde se determinan pautas y aprende a convivir con normas, valores, con otros, y donde si transgrede las normas, tiene consecuencias, por ejemplo, se le privan las visitas o si tienen la posibilidad de ir con sus familias, esto se le impide”.

Los chicos,
un instrumento

Para cerrar, Silvia Monserrat expresó que “todos como sociedad, tenemos que empezar desde lo pequeño” y citó las normas de tránsito. “De ahí para arriba, somos una sociedad que transgrede todas las normas y no tenemos muy aceitado nuestro sistema de control”, dijo.

Se mostró en contra de bajar la edad de imputabilidad porque “la bajamos a 14 y nosotros ya vemos chicos de 11 y 12 que están transgrediendo. Y la realidad es que el adulto se aprovecha del inimputable, lo utiliza como instrumento”.

“El problema no es la edad” dijo, y explicó que es necesario un sistema educativo diferente que ponga en valor la autoridad y el respeto por el otro, que tal vez sea más flexible para retener a chicos acostumbrados a estar en la calle.

También destacó que las cárceles no son adecuadas y reclamó que “el sistema en el que se le vaya a privar de la libertad frente a delitos graves, porque hay riesgos para terceros pero también para el propio menor, tiene que darle la posibilidad de estudiar, de aprender un oficio, donde encuentre alguna herramienta que le dé esperanza”.