Policiales

No descartan la existencia de otros damnificados en la investigación por presunta estafa con inmuebles

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El operativo que realizó este jueves personal de la subdelegación de la Policía Federal permitió desarticular una banda sospechada de llevar adelante desde hacía un tiempo una operatoria en la venta de inmuebles con documentación apócrifa.

En ese marco, la causa iniciada por presunto delito de falsificación de instrumentos públicos (artículo 292 del Código Penal de la Nación) y defraudación avanzará y seguirá su curso hasta tanto se determinen nuevas medidas.

Por el delito hay tres sospechosos, el abogado Sebastián Romay, Juan José Stip y Nicolás Cabana, para con los cuales no se tomó ninguna medida, pero quedarán vinculados a la causa.

En concreto, el despliegue de la fuerza federal se llevó a cabo en un estudio jurídico ubicado en Pinto 1089, donde funcionan las oficinas del letrado, en una imprenta de Montevideo al 100, y en dos domicilios, en Roca 1529 y en Cabral al 2200. Además, un operativo paralelo se llevó a cabo en una escribanía en Roca 428 en la ciudad de Azul.

En esas inspecciones se produjo el secuestro de documentación que permitiría corroborar una de las hipótesis planteadas durante la investigación.

 

Otras maniobras

En diálogo con El Eco Multimedios el titular de la Fiscalía Federal con sede en Tandil, Pablo Larriera, abordó detalles de la investigación, los resultados del procedimiento y estimó que podrían surgir otros particulares damnificados en función de la documentación hallada. “La denuncia inicial nos dio el pie y con los elementos que estamos analizando ahora, seguramente vamos a encontrar otras maniobras”, adelantó.

Además precisó que las órdenes de allanamiento fueron dirigidas a un estudio jurídico del abogado Sebastián Romay y dos particulares que estaban vinculados al profesional, Stip y Cabana, sobre los cuales deberán determinar el grado de intervención y participación pero que, “según la denuncia y los elementos que tenemos, no serían ajenos a esta maniobra”.

 

La denuncia

La causa se inició hace algunos años por la denuncia que radicó un damnificado a partir de una sospecha que le generaron las condiciones de una operación inmobiliaria que estaba haciendo en una propiedad en Tandil.

A partir de allí la fiscalía, con intervención del Juzgado Federal de Azul, comenzó una investigación que derivó en allanamientos en un estudio jurídico, en una imprenta, en dos domicilios particulares y en una escribanía en la vecina localidad.

A decir del fiscal en las viviendas señaladas, los implicados “llevaban adelante estas actividades que consideramos y tenemos elementos para considerar que eran parte del delito de falsificación de documentos públicos, apuntando a la recaudación”.

Sobre la operatoria indicó que hay elementos para sospechar que la banda, al tomar conocimiento sobre terrenos o propiedades que “podrían tener una situación poco clara de dominio por cuestiones sucesorias o catastrales”, tomaba los datos pertinentes y daba intervención a las potenciales víctimas a las que ofrecía “condiciones muy favorables”. Ese aspecto “servía como gancho para el engaño y luego fraguar estas documentaciones”, planteó.

En relación al mecanismo para obtener información, Larriera respondió que será parte de la investigación establecer esa circunstancia y se respaldó en la documentación y en los celulares que la Policía Federal secuestró este jueves.

La documentación hallada es relativa a procesos judiciales, copias de DNI, computadoras, y que alude a “elementos que buscamos y otros que no sabíamos que podíamos encontrar y que se dispuso el secuestro porque podría estar vinculados a esta operación”.

Respecto de relevamiento en la imprenta Larriera aseguró que se seleccionaron aquellos elementos que consideraron tenían una relación con el delito y dijo que “no puedo aseverar si la imprenta se dedicaba a fraguar estos documentos pero sí había vinculados a la maniobra”.

Para finalizar, el fiscal invitó a aquellas personas que tengan información en torno al caso a presentarse en la sede del ministerio público, sito en 25 de Mayo y San Lorenzo. Se les garantizó el debido resguardo de la identidad, como lo prevé el Código Procesal, “para ver si fueron perjudicados o estuvieron a punto de serlo porque la estafa puede quedar en grado de tentativa”.

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