Policiales

Los policías acusados de encubrir la comercialización de droga se negaron a declarar

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Ayer continuaron las diligencias procesales en torno a la pesquisa que culminó con un amplio despliegue policial que contempló diez allanamientos en distintas dependencias policiales y propiedades de Tandil y ciudades vecinas, dejando como saldo el secuestro de elementos varios, la aprehensión de dos hombres (uno policía) y cinco uniformados más, sindicados como cómplices en la venta de estupefacientes.

Ayer por la mañana, en la sede fiscal de Uriburu y Alem fueron citados los siete sospechosos, quienes se acogieron al derecho de no prestar declaración frente a los fiscales que quedaron a cargo de las instrucciones, los doctores Gustavo Morey y Marcos Eguzquiza. El primero de ellos con la causa de todos los policías, mientras que el segundo de los instructores con la causa de los civiles acusados.

Tras la entrevista de rigor, en la que los involucrados se anoticiaron de los hechos que se les endilgan, desde fiscalía ya se peticionó al juzgado de Garantías de Azul interviniente la detención de los dos acusados de la comercialización de droga. El resto de los uniformados quedó en libertad (el delito que se les enrostra es excarcelable) a disposición de la Justicia.

Respecto a los efectivos, en los mismos procedimientos se les secuestró el arma reglamentaria, por lo que se desprende que quedaron sometidos a un sumario administrativo en pos de resolver su pase a disponibilidad de la fuerza.

 

El procedimiento

Como se informó en estas páginas en la edición pasada, este jueves personal de la Subdelegación Tandil Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina cumplió con una serie de allanamientos dispuestos por el Juzgado de Garantías 1, a cargo de Magdalena Forbes, y del Juzgado de Garantías 2, de Federico Barberena, en virtud de una investigación penal relacionada con la comercialización de estupefacientes.

La causa, dirigida por el ayudante fiscal Fabio Molinero, de la UFI 22, demandó más seis meses de tareas de investigación llevadas adelante en conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía Federal.

La particularidad de esta pesquisa radica en sus protagonistas, que en su mayoría integra la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de cinco efectivos de la fuerza y al menos dos civiles que integraban una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Los testimonios, seguimientos, filmaciones y escuchas telefónicas reunidas en la causa fueron pruebas suficientes para que el ayudante fiscal determinara la aprehensión de dos personas, un policía y un civil.

De todos modos, la totalidad de los uniformados fue imputada por “Infracción a la Ley 23.737, encubrimiento agravado, incumplimiento de funcionario público y omisión de denunciar”.

Los allanamientos se llevaron a cabo en cuatro viviendas particulares de la ciudad de Benito Juárez, uno en Barker y uno en Olavarría. Asimismo se produjo el registro en dependencias policiales donde los imputados cumplen tareas, como la Estación Policía Comunal y la Patrulla Rural de Benito Juárez y el Destacamento de Seguridad Vial de Tandil.

En el parte de prensa enviado a esta Redacción, desde la Subdelegación de la Policía Federal destacaron que las máximas autoridades de la Policía Bonaerense de la ciudad se pusieron a total disposición de la Justicia para aportar las pruebas que fueran necesarias para el esclarecimiento del hecho.

En tanto, se informó que a los policías involucrados se les secuestraron sus armas de fuego a modo preventivo. En paralelo, avanza un expediente administrativo en la Auditoría General de Asuntos Internos, con sede en La Plata, que definirá la situación de los uniformados una vez que se resuelva la causa penal.

Por último señalaron que este importante operativo fue monitoreado y seguido en todo momento por las máximas autoridades de la Policía Federal Argentina, que brindaron su apoyo a la Subdelegación Tandil para concretar y lograr la pronta resolución de los allanamientos.

 

La causa

En diálogo con el ciclo radial “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM) el ayudante fiscal de la UFI 22 de Estupefacientes, Fabio Molinero, brindó precisiones sobre el megaoperativo del jueves mientras avanza el proceso en instancias judiciales, y ratificó que las autoridades de la comunal de Benito Juárez fueron las que alertaron sobre esta situación que derivó en la aprehensión de un policía y un civil.

Indicó que la investigación se inició a finales del año pasado a partir de una denuncia que dio origen a una causa, con funcionarios policiales involucrados y vinculados con un civil en relación a una presunta comercialización de estupefacientes.

Desde allí se reunieron distintos elementos a partir de diligencias realizadas en forma conjunta con personal de la Policía Federal, que incluyó testimonios, seguimientos, filmaciones y escuchas telefónicas, y que sustentaron el pedido de las órdenes de allanamiento, que fueron otorgadas por los juzgados intervinientes.

Las medidas se llevaron a cabo este jueves en un domicilio de Olavarría y de Barker, en dependencias de Benito Juárez y en el Destacamento de Seguridad Vial de Tandil, donde cumple tareas uno de los efectivos investigados.

El ayudante fiscal destacó la investigación y precisó que se lograron resultados positivos en dos de los allanamientos que se desarrollaron en Benito Juárez, que tienen vinculación con las dos personas que quedaron aprehendidas.

Molinero sostuvo que “las conductas que se han desplegado en estos hechos tienen que ver con la tenencia con fines de comercialización de una de las personas que quedó aprehendida”, mientras que “también creemos que el funcionario policial puede estar vinculado con esta situación”.

A su vez expuso el rol de los restantes efectivos de la fuerza a los que se los notificó de la formación de la causa por el delito de “Infracción a la Ley de Drogas, encubrimiento agravado, incumplimiento de funcionario público y omisión de denunciar”.

Molinero reconoció que lo relevante de la causa radica en las personas involucradas y no tanto por los resultados obtenidos en cuanto a la incautación de estupefacientes. “La cantidad de droga secuestrada no ha sido importante, pero sí entendíamos que las conductas desplegadas estaban probadas”, enfatizó.

Ratificó que existen elementos de prueba que resultan “contundentes” al criterio de la fiscalía.

 

Los acusados

Si bien desde la investigación se mantuvo recelo a la hora de ventilar las identidades de los hombres involucrados en el expediente, este Diario pudo confirmar de quiénes se trata.

A más precisiones, resultan los acusados el oficial de policía Matías Damián Conni, domiciliado en calle Roldán 321 de  Benito Juárez, quien a la fecha prestaba servicio en el Comando de Prevención Rural de dicha localidad; el oficial de policía Luciano Gabriel Conca, domiciliado en calle Roldán 533 de Benito Juárez; el oficial Luis Marcelo Urra, domiciliado en calle Falcón 904 de la localidad Barker, partido de Benito Juárez; oficial de policía Manuel Nicolás Alvarez, con domicilio en Junín 3446 de Olavarría y el policía Matías Jesús Cagliero con domicilio en Guardia Nacional 261 de Benito Juárez (cumplía funciones en el destacamento de Seguridad Vial).

En tanto, Aquiles Guevara,  con domicilio en Vélez Sarsfield 194 de Benito Juárez, quien mantiene vínculos de amistad y cercanía en el trato con los mencionados anteriormente, y Maximiliano Alvarez (hermano de Nicolás Alvarez) con domicilio en Junín 3446 de Olavarría, son los civiles imputados.

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