Las enseñanzas de “Making a murderer” para nuestro sistema judicial

Por Miguel Ibarlucía

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La BBC de Londres ha dado a conocer que un Tribunal del Estado de Chicago anuló la sentencia dictada contra Brendan Dassey luego de que un jurado lo hallara culpable hace más de once años. Pero, ¿quién es Brendan Dassey y qué relación tiene con nosotros? Se trata de uno de los dos protagonistas de la exitosa serie documental “Making a murderer” (Fabricando un asesino) de Netflix que narra con lujo de detalles y filmaciones reales el juicio contra este muchacho y su tío, Steven Avery, por el supuesto asesinato de una periodista en un condado del Estado de Chicago.

Nadie que se tome el trabajo de ver toda la serie -son diez capítulos- puede dejar de quedar indignado por la forma en que ambos son condenados, pero para quienes somos hombres de derecho nos resulta incomprensible y nos asombra la falta absoluta de todo tipo de garantías en los tribunales estadounidenses.

No sólo un joven de 17 años es interrogado durante más de cuatro horas por dos detectives expertos sin darle posibilidad de llamar a un abogado -ni que lo acompañe su madre- sino que en el juicio, cuando el joven se retracta de todo lo que declaró en su contra presionado por los investigadores, el jurado hace valer su primer declaración, tomada fuera del juicio y sin ninguna garantía. La misma fue obtenida prometiendo una rebaja en la condena si imputaba a su tío y bajo amenazas de condena perpetua. Es decir, mercadeando con las penas.

Pero, ¿cómo fue posible su condena si no había más pruebas contra él que una confesión obtenida bajo presión, de la cual se desdijo en juicio? En nuestro sistema judicial esa primera confesión carece de todo valor, y más aún si no fue hecha ante un juez o previa consulta con un abogado que lo aconseje. La respuesta es sencilla: en el sistema judicial estadounidense el jurado puede fallar cualquier cosa porque no tiene ninguna obligación de fundar su sentencia. Aunque no haya pruebas puede condenar porque no le gustó la cara del reo, porque es negro, hispano, mendigo u homosexual. No sólo no debe dar las razones por las que condena sino que además es absolutamente impune si comete una injustica, como en este caso.

Desgraciadamente este sistema ha sido instalado en la Provincia de Buenos Ares por ley 14.543 del gobernador Scioli como un gran adelanto y profusa propaganda. En otros países, como en España, la sentencia del jurado debe ser fundada. O los jurados son también integrados por jueces -sistema llamado escabinado que rige en la Provincia de Córdoba-. Pero no así en nuestra provincia. El jurado puede dar su veredicto sin decir por qué una persona es inocente o culpable. Y nadie responde por un error. Sólo el juez puede anular el veredicto si se aparta notoriamente la prueba producida. En cuyo caso ¿para que se convocó al jurado?

Desde hace tiempo, ante el aumento persistente de la inseguridad, los gobernantes prometen reformas de todo tipo como si estas fueran la panacea a un problema complejo, estructural y sólo soluble a largo plazo.

La probation, el juicio abreviado -resultado de una negociación-, el criterio de oportunidad y finalmente el juicio por jurados al estilo norteamericano, cada vez más abandonado en el mundo. Se trata de prometer algo, hacer campaña, aunque no sirva para nada. Desgraciadamente, faltos de autoestima, volvemos siempre los ojos hacia los Estados Unidos, país de una inmensa población carcelaria donde el sistema de jurados ha servido poco y nada para garantizar la justicia (recordemos el caso Simpson, Rodney King y otros). Y, a estar a lo que surge de la serie Making a murderer -y de muchas otras películas- el sistema penal es un verdadero disparate (las penas se negocian, los abogados y fiscales inducen la declaración de los testigos, se obliga a una persona a declarar contra sí misma, etc.).

Por supuesto que también los jueces se equivocan y cometen injusticias, pero al menos deben dar las razones que fundamentan sus sentencias y estas pueden ser apeladas. No son simples expresiones de voluntad arbitraria. Porque la función de un sistema penal no es encontrar alguien a quien condenar para dejar contenta a la población, sino condenar sólo a quien se ha encontrado culpable sobre la base pruebas racionalmente evaluadas. Así es por aplicación del viejo apotegma, políticamente incorrecto, que enseña que es preferible dejar libre a un culpable que condenar a un inocente.

La ley de jurados de Scioli debe ser urgentemente reformada si no queremos Brendan Dasseys en nuestra provincia y obligar a los jurados a fundamentar sus sentencias.