La Ciudad

Funcionarios defendieron el allanamiento en el privado y los policías quedaron muy complicados rumbo a una sentencia

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Ayer se reanudó el debate oral y público en el que el TOC 1 dilucidará la responsabilidad de tres oficiales de la policía acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y abusos sexuales contra dos mujeres que ejercían la prostitución en un privado de calle Lobería al 1600, hechos ocurridos entre la noche del 31 y madrugada del 1 de noviembre de 2011.

Tras el consentimiento de las partes de desistir de una treintena de testigos que estaban citados para la ocasión y que formaban parte en su gran mayoría como testigos de actuaciones y del procedimiento que oportunamente se desarrolló a través de un allanamiento en el que se secuestró gran cantidad de material probatorio que a la postre, ahora, le sirvieron al ministerio público respaldarse para la acusación, se procedió a escuchar el comparendo del policía que estaba a cargo de la cuadrícula de aquella noche (y superior de los tres implicados), de un testigo del allanamiento y dos auxiliares de la fiscalía que oportunamente participaron de las instrucciones.

Tal lo consignado en ediciones pasadas, la escandalosa causa ventilada fue la resultante de una instrucción primigenia que motorizó una pesquisa, a partir de la denuncia de las mujeres, por la ley de profilaxis y la explotación sexual, derivando tras aquellos dichos en una instrucción penal contra los policías.

Fue así, entonces, que intervinieron dos fiscalías. La 22 a cargo del ayudante fiscal Fabián Molinero por el tema de la prostitución y la droga, y el fiscal Marcos Eguzquiza (el ahora acusador en este juicio) por el delito cometido por los uniformados.

A propósito de esta causa paralela que hace a la denuncia por la explotación sexual, la causa ya fue elevada a juicio y aguarda por el debate a mediados de abril, en el Juzgado Correccional a cargo del doctor Carlos Pocorena, quien deberá resolver la situación procesal del acusado, Cristian Bohn, sindicado por el par de chicas como el que regenteaba el privado como el prostíbulo del barrio La Movediza.

 

El silencio policíaco

El primero de los testigos que se sentó frente al Tribunal resultó Juan Carlos Heredia, policía retirado, quien por ese entonces estaba a cargo del tercio del servicio de calle de la Seccional Primera.

El policía era quien resultaba el superior de los tres efectivos ahora sentados en el banquillo de los acusados, sobre quienes dijo tener buen concepto sobre su labor, aunque a preguntas del fiscal terminó aceptando cierto desapego a la vocación policíaca siendo que de cuatro años de actividad pidieron como mínimo 15 licencias por razones varias para no acudir a su trabajo.

También Heredia tras una treintena de años como uniformado, se mostró un tanto reticente y descreído de ciertas herramientas tecnológicas que a la postre le sirvieron al fiscal para acusar a los efectivos, como ejemplo el registro de ABL (sistema satelital que ubica a donde están los móviles policiales cual GPS), y hasta el mismísimo registro de entradas y salidas de los efectivos de la dependencia policial en el cumplimiento de su respectivo servicio.

En medio de su llamativo desconocimiento de lo que hicieron o dejaron de hacer aquella noche y madrugada en el privado sus subalternos, episodio sobre el cual admitió que hubo presencia de muchos más policías, incluso de otras dependencias y hasta un comisario, reseñó sobre su función y lo que hizo aquella noche, cuando la mujer K se apersonó en la comisaría por la noche y él la acompañó en el patrullero para que retirara sus ropas ya que quería irse de la casa de Bohn.

Dijo que él no ingresó a la casa, que la dejó en la puerta y que fue recibida por su compañera N, por lo que entendió que todo estaba tranquiló y se retiró. A los dos días –confió- se enteró por un compañero que ambas mujeres habían denunciado a sus compañeros por lo que había pasado en el interior de la propiedad.

Obligado por la insistencia de la requisitoria fiscal, sí el policía testigo terminó admitiendo que era vox populi en la fuerza sobre las actividades clandestinas de Bohn, y que de tanto en tanto tenían denuncias de vecinos por ruidos molestos o incidentes del nombrado.

Sin mucho más por indagar, tras algunas intervenciones de los defensores, se cerraría el capítulo de la intervención policial, con los ya detallados testimonios incorporados por lectura y otros tantos desistidos. Sería más luego el turno de agentes judiciales y el testigo que presenció el allanamiento (ver aparte) y así dar por cerrada la segunda audiencia, para que los actores vuelvan a verse las caras el próximo martes a la mañana, tiempo de los alegatos.

Según se pudo percibir del ánimo del fiscal Marcos Eguzquiza como de los defensores Diego Araujo, Juan Pablo Bertucci, Eduardo Carbonetti y Rodrigo López Santoro, a su turno,  todos ratificarán sus posturas iniciales. Para el ministerio público, los planteos de nulidad resultaron extemporáneos, al igual que el desistimiento de N ahora, en pleno debate, indicar que no quería instar la investigación por el abuso que había sufrido de más de dos policías en aquella noche interminable entre drogas y alcohol.

Los defensores, en tanto, insistirán con dichas irregularidades y achacarán lo que a sus saberes resultaron desprolijas actuaciones, principalmente en lo que se concibió en el allanamiento y el respectivo recogimiento de elementos que luego fueron peritados, como los profilácticos.

 

El procedimiento en el centro del debate

La jornada contó con la presencia del vecino Asmed, mecánico de oficio que vivía enfrente al privado del escándalo y quien fue convocado por los investigadores para que oportunamente fuera testigo de las actuaciones que se realizaron en la casa.

Tanto su aporte como luego lo harían los auxiliares letrados de las fiscalías,  serían de interés para las partes puesto que las defensas pretenden poner en crisis el procedimiento que llevó al secuestro de las pruebas que pesan en contra de los tres policías.

Por lo que se desprende de lo oído en la sala, no cabría muchos reparos a lo desplegado en su oportunidad, más cuando se tuvo cuatro años para justamente recurrir sobre lo que ahora insisten los defensores en criticar.

Sería primero Sebastián Ginea de la ayudantía fiscal temática que específicamente persigue los delitos de estupefacientes y, en este caso, por la problemática de la prostitución, como luego el ayudante fiscal Federico Ramos, redundarían sobre lo realizado en el allanamiento cuestionado por las defensas. Ambos ratificaron el respectivo procedimiento y no dejaron mucho margen a la crítica en torno a cómo se efectuó el secuestro de los elementos que luego servirían como prueba incriminante para los muy complicados policías acusados (Mauro Roberto Rimoldi, Néstor Jorge Moller y María Julia Nazer), quienes por lo observado durante las dos audiencias parecen ya resignados a la suerte procesal por venir, tal vez asumiendo ya el golpe que resultó el haber sido exonerados de la propia fuerza en su momento. De todas formas, por la calificación de los delitos que está en juego, el beneficio de la libertad que hasta ahora gozaron hasta llegar al debate podría variar con una eventual sentencia condenatoria, tal lo pretende el Ministerio Público.

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