La Ciudad

El Municipio le propuso al dueño contratar seguridad y perimetrar las playas de las cavas de Cerro Leones

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Integrantes del Gabinete del intendente Miguel Lunghi y representantes de la firma Apilar SA, propietaria de la excantera de Cerro Leones, se reunieron para delinear acciones que garanticen la seguridad en el lugar, tras el fallo judicial que ordenó restringir el acceso y mitigar los riesgos que representan las cavas. En principio, el Municipio propuso dotar al predio de seguridad privada o a partir de un adicional de la policía, y perimetrar la zona de las dos piletas naturales y sus playas para desalentar las visitas de los bañistas.

Mientras definen el plan de trabajo para dar respuesta a la Justicia, el área de Legales de la comuna entregó una copia del oficio a la Secretaría de Protección Ciudadana, que gestionó una orden de servicio para que personal policial controle la tranquera de ingreso al predio, ubicada sobre Baso Aguirre.

La primera reunión entre las partes se llevó a cabo el último martes, después del mediodía, en el Municipio. Participaron el jefe de Gabinete Mario Civalleri; el secretario de Protección Ciudadana Atilio Della Maggiora y el subsecretario David Tifner; el subsecretario de Obras Públicas Luciano Lafosse y el director de Legal y Técnica Juan Martín Pisani. Por parte de Apilar SA, estuvieron Fernando Guerra y los abogados Alejandro Ortiz Batalla y Sebastián Jorge Polo.

Luego del intercambio, funcionarios y apoderados de la firma recorrieron las cavas, donde observaron las grandes extensiones del predio y los problemas que plantea para controlar el ingreso de personas por distintos sectores. Además, recorrieron la zona de las playas, donde detectaron máquinas en desuso y otras situaciones de riesgo.
En principio, el encuentro y la visita al lugar se pautó para darle respuesta a la sentencia de la Cámara en lo Civil y Comercial de Azul, que hizo lugar a la demanda civil por la muerte de Matías Angel Correa, quien se ahogó en las cavas en 2011. En ese fallo, el tribunal ordenó al Municipio y a los propietarios del predio controlar el acceso, a partir de la necesidad de evitar hechos como el que suscitó la causa.

El fallo estableció que el Gobierno local, con intervención de la firma propietaria, genere una propuesta con medidas “conducentes, razonables y pertinentes para suprimir el peligro” de las cavas, “sobre la base de las directivas legales de la menor restricción posible y del medio más idóneo”.

Iniciativas
y diálogo

Tras el primer encuentro con apoderados de la firma, el abogado Martín Pisani explicó que el Municipio debe proponer medidas para el predio, que podrán trabajar en conjunto o en forma separada de la empresa, pero luego será el juez el que tendrá que aprobarlas. A posteriori, será la firma la encargada de ejecutar y afrontar los costos de las intervenciones, mientras que la comuna deberá controlar que se cumplan las acciones acordadas en sede judicial. En tanto, si el propietario no avanza con las mejoras en la seguridad del predio, el Estado municipal ejecutará las obras aprobadas por la Justicia y se las facturará a Apilar SA.

“Principalmente, la reunión tuvo dos ejes. Primero, transmitir a la empresa las alternativas que estaba evaluando la Municipalidad y segundo, generar un canal de diálogo más ágil, por fuera del expediente administrativo”, indicó el director de Legales.

Además, los representantes de Apilar SA fueron notificados formalmente el martes de la sentencia y ahora tendrán un plazo de cinco días hábiles para proponer alternativas para el manejo de la seguridad en las cavas.

En este aspecto, el funcionario adelantó que las alternativas que la Municipalidad le propuso a la empresa están vinculadas con un servicio de seguridad a cumplir con un adicional de policía o una contratación privada. Además, impulsó concretar un cercamiento del sector de las playas de las cavas, aunque se deberá evaluar el método más conveniente.

En principio, la firma tendrá que analizar estas iniciativas, pero además podrá acercar las suyas a la próxima cita. Es decir, aún no hay definiciones sobre el plan de trabajo que le acercarán a la Justicia en respuesta a la sentencia.

La firma se
mostró receptiva

Impedir el acceso de intrusos al predio de 56 hectáreas ubicado en Cerro Leones es un verdadero desafío, aunque sería posible desalentar las visitas y concientizar sobre los peligros que encierra la cantera abandonada. En relación a la seguridad, más allá de los costos que deberá afrontar el propietario, es muy difícil garantizar que no habrá ingresos.

“Más allá de la medida de lo que dispone el juez de primera instancia que habla sobre la temporada estival, la Cámara no aclara durante qué época del año, durante el día en qué franja horaria; son cuestiones que si se quiere implementar seguridad, hay que tener parámetros para manejarse. También pueden ser objeto de la propuesta que le hagamos a la Justicia”, recalcó Pisani.

En relación a la reacción de la empresa, indicó que “la impresión que me llevo de la reunión es que se mostraron receptivos. Nos escucharon. Estuvimos charlando sobre el tema del cercamiento y ahora estamos a la espera de la respuesta que nos puedan brindar”.

En cuanto a la posibilidad de reconvertir ese espacio en un paseo turístico, el letrado dijo que “por lo menos formalmente no hubo ninguna propuesta” y aclaró que la misión de la reunión que coordinó Legal y Técnica era “que se analicen aspectos tendientes a lo que es la manda judicial. Si después existen otras alternativas, la verdad, lo desconozco”.

A partir del último martes, Apilar SA dispone de cinco días hábiles para acercar una propuesta, aunque podría pedir un plazo de prórroga. Luego se volverán a juntar las partes para determinar si pueden presentar el plan del trabajo ante el juez.

“La manda judicial ordena que la Municipalidad tiene un plazo de 15 días para presentar un informe, garantizando la intervención de la empresa. Quizás una buena manera sería que lo presentemos de manera conjunta. Si no es posible, cada uno presentará por separado su alternativa y el juez decidirá. En el Municipio hay varias áreas que están trabajando. Inclusive le dimos intervención a la Dirección de Medioambiente para mostrarle al juez cómo son las características del lugar”, informó Juan Martín Pisani.

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