La Ciudad

Desde el CPA objetan el traslado al Centro de Salud Mental y temen perder operatividad

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Profesionales del Centro Provincial de Adicciones (CPA) celebraron el convenio de integración firmado recientemente entre la Provincia y el Municipio, pero pusieron reparos a la mudanza del inmueble de Roca 192, en donde vienen trabajando desde hace ya 20 años. Tendrán próximamente que trasladarse al Centro de Día de Salud Mental “Alicia Tita Brivio” y admitieron que temen que se vea afectada su labor.

“No estamos de acuerdo con el traslado, queremos seguir acá y, en el caso de tener que mudarnos, que sea bajo ciertas condiciones de trabajo necesarias para nuestro funcionamiento”, expresaron.

El cambio se concretará en el marco de los acuerdos rubricados recientemente por la ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, y el intendente Miguel Lunghi, en su última visita a Tandil, a partir de lo cual el CPA y el Servicio de Neumotisiología se incorporarán y coordinarán con el Sistema Integrado de Salud Pública.

Frente a ese proceso el equipo del CPA exigió garantías respecto de las condiciones del traslado, ya que en el Centro de Día de Salud Mental “Alicia Tita Brivio” desde el Municipio se les ofreció dos a tres consultorios cuando hoy cuentan con cuatro, y la posibilidad de disponer de un SUM -solo un día a la semana, dos horas-, lo que en principio afectaría el normal desempeño de su trabajo.

Los profesionales expresaron sentirse conformes y cómodos en la sede de Roca 192, inmueble que fue adquirido en 1994 por el Municipio, a través de un convenio con la Nación, con el propósito de brindar un servicio integral en la problemática de las adicciones, por un término de cien años, expusieron.

Es por ello que admitieron que no entienden cuál es el “apuro” en dejar el edificio y pidieron que las autoridades “revean la desafectación o fundamenten mejor” las razones de la decisión, como así también informen para qué será destinado en caso de dejarlo libre.

Un llamado
a la reflexión

En diálogo con El Eco de Tandil la psiquiatra Claudia Castro; las psicólogas Valeria Secchi, Ana Ciappa y Carolina Eckart y la psicopedagoga María Emilia Echegaray, compartieron la postura de todo el equipo del CPA dirigido por el médico y pastor José García, puesto en funciones recientemente. “Estamos muy conformes con él”, manifestaron las profesionales sobre su corta gestión.

En principio, la psiquiatra Castro precisó que el pasado 15 de julio el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Vito Mezzina, les comunicó sobre la mudanza al Centro de Día de Salud Mental, cuestión que consideraron que requiere de “una reflexión”.

En ese sentido, aseguró que ven “muy favorable” estar formando parte del Sistema Integrado de Salud Pública, ser incluidos, y garantizó que tienen una actitud “muy colaborativa” hacia ello, en pos de seguir perfeccionando la integración con la cual ya se viene trabajando.

Sin embargo, aclaró que ponen en duda que ello requiera “sí o sí” de un cambio de espacio. Detalló que el CPA sigue dependiendo del Ministerio de Salud provincial, a través de la Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y Adicciones, y trabaja en el marco de la Ley de Salud Mental, como lo viene haciendo también la Dirección de Salud Mental del Municipio.

Los fundamentos
de la objeción

Por lo tanto, garantizó que ven favorable la posibilidad de integrar el trabajo que se viene realizando, pero insistió en que “tenemos nuestra objeción sobre el traslado”.

En este sentido, recordó que el inmueble fue adquirido por el Municipio, en 1994, a través de un convenio firmado con la Nación, específicamente con “la Secretaría de Programas de Lucha contra la Drogadependencia y el Narcotráfico (Sedronar)” con el objetivo de ir creando centros de asistencia en adicciones.

Mediante dicho acuerdo convalidado en ese entonces por el Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 6438 aseguró que la Municipalidad recibió un subsidio de dinero, “el valor del inmueble en ese entonces era de 85 mil pesos”, para adquirirlo bajo determinadas cláusulas, aclaró Castro.

Entre ellas, establece que “el Municipio se compromete a mantener la financiación operativa, que de hecho lo han hecho, que es el pago del teléfono, luz y gas”; como así también “a no vender, no transferir, no dar en comodato, no alquilar ni ceder en cualquiera de sus formas y a cualquier título el inmueble y/o las instalaciones por el término de cien años, a menos que…”.

En caso de desafectación, entonces, detalla luego que “debería ser consecuencia de un estudio previo de mayor y mejor facilidad de operatoria en otro ámbito físico en el que se cuente con un mejor equipamiento, mayor alcance preventivo y número de plazas asistenciales”.

Castro aclaró que no hubo un estudio previo y, en todo caso, dejó abierto el debate sobre lo que se entiende por “mayor alcance preventivo”. En tanto, sobre el último punto, afirmó que saben que van a contar con menos plazas asistenciales de las que hoy tienen, ya que recorrieron el Centro de Salud Mental y, desde el Municipio, se les ofreció la posibilidad de disponer de “dos consultorios durante la semana y los martes de 8 a 12, del SUM para que pueda reunirse todo el equipo y ese mismo día en la mañana un tercer consultorio”.

La afectación
de la atención

En consecuencia las profesionales reconocieron que temen perder las comodidades que hoy tienen. Subrayaron que en la sede de calle Roca al 100 cuentan con “cuatro consultorios, dos SUM -que utilizan para realizar distintas actividades y reuniones de equipo-, y la sala de espera adjunta a la secretaría. La administrativa trabaja con nosotros desde hace muchos años, con lo cual tiene una relación con los pacientes muy personal y humanitaria”.

Si bien Castro aseguró que valoran que allá estarían “integrados a la historia clínica digital única del Hospital”, pero explicó que en el CPA tienen “la confidencialidad del paciente porque el paciente con consumo de sustancias puede rozar lo delictivo -a veces- o, si no es así, el prejuicio”.

En ese sentido, consideró que el trabajo que realizan a diario se asemeja más al que se brinda en los centros de Atención Primaria de la Salud que al de un hospital, en “el segundo nivel”.

Asimismo, contó que no trabajan con lista de espera, sino que atienden al usuario y a su familia rápidamente y si es necesario ese mismo día, mientras que en el Centro de Día de Salud Mental “tienen un mostrador, bien organizado, con secretarias”.

Como así también detallaron que en el CPA suelen recibir a grupos de estudiantes y adolescentes que van a visitar la sede, actividad que -tal vez- no podrían seguir llevando adelante en el inmueble municipal de Pellegrini al 800.

Sin teléfono

Resaltaron que “por supuesto el Centro de Salud Mental es muy confortable”, pero insistieron en que el trabajo es “muy diferente”. Y, al no poder contar con un SUM todos los días, plantearon que el trabajo interdisciplinario que llevan adelante se va a ver afectado.

Por lo pronto, la doctora Castro subrayó que “esta situación apresurada ya generó un problema en la calidad de la atención, ya que actualmente nos encontramos sin teléfono. En una manera extraña, no sabemos qué pasó, nuestro teléfono ya está en Salud Mental. Es de entrada y salida directa, y esto es importante para nosotros, ya que nuestro trabajo no es aislado, sino que estamos en constante comunicación con los pacientes y sus familias, pero también con otras áreas de Provincia -en La Plata- para gestionar las becas gratuitas de internación”, entre otras acciones.

Rever la
decisión

En consecuencia, apelaron a que “alguien revea esta decisión o venga a charlar, ya que el propio doctor José García se sorprendió y hasta empezó a fotocopiar toda la cantidad de pacientes que atendemos y llevárselas al intendente Lunghi, al doctor Mezzina y a Grasso”.

Por lo tanto, insistieron en que no entienden cuál es “el apuro en dejar un edificio”. Según “los trascendidos”, deslizaron que sería destinado para otra actividad, fuera de la salud.

En representación entonces de los doce profesionales que conforman el equipo del CPA, remarcaron que no están de acuerdo con la mudanza y, en caso de realizarse, exigieron que se mantengan las condiciones actuales de trabajo.
Más allá de ello reiteraron que quieren avanzar en la labor integrada con el Sistema de Salud Pública local, que vienen realizando desde hace tiempo con un “contacto permanente”, aunque estén trabajando en distintos lugares físicos

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